Editorial

El Estado mexicano, conformado por una población, un gobierno y un territorio, se encuentra en la disyuntiva de poder cimentar de manera solida su fututo, como una Nación que merezca dentro del contexto internacional el respeto y reconocimiento de los países que integran la comunidad de naciones; y esto será posible en la medida en que de manera armónica y organizada podamos todos resolver el problema de la falta de seguridad pública, que impera en nuestras casa, trabajos, escuelas y plazas, por ello, es de extrema importancia que ante lo que se a llamado crimen organizado, nos presentemos todos como un Estado organizado en contra de la delincuencia.
En reciente trabajo legislativo, resultado del esfuerzo de todas las fuerzas políticas del país, a través del Constituyente Permanente, se ha reformado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente de las llamadas garantías individuales, en razón de la administración e impartición de justicia en materia penal, con ello se crean las bases legales que deberán de normar y conformar el criterio justo de aplicación de dichas normas, que lleven a garantizar la seguridad pública que tanto reclama la Nación.
Dicha reforma constitucional trajo ya como consecuencia inmediata la creación y promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual contempla como objetivo primordial el de dar cabal cumplimiento a lo señalado por el artículo 21 de la Carta Magna, el cual refiere entre otras cosas que, la Seguridad Pública es y debe de ser un quehacer cotidiano de los distintos ordenes de Gobierno y que además, éstos deberán de estar organizados de manera sistemática, profesional y científica, para alcanzar el objetivo común de garantizar la prevención, persecución y sanción de los delitos.

Para ello, se tendrá que seleccionar, capacitar y agrupar a los encargados de la difícil tarea de proporcionar seguridad a los ciudadanos, a través de esquemas creados de manera profesional bajo métodos científicos, es decir, que todo lo que respecta a la conformación de cuadros administrativos y operativos, encargados de la función pública de seguridad, tendrá que hacerse a través del conocimiento exacto de las ciencias y técnicas auxiliares del derecho penal y de lo que es, y debe ser, una política criminal y de seguridad pública por parte del Estado.
Del mismo modo y siguiendo el diseño del Estado, se deberá de contar con una participación de la sociedad civil, en la que se reconozca por una parte la calidad de mandatario de las autoridades, para que se tenga respeto y cuidado en el momento de escuchar las opiniones y señalamientos que, de manera respetuosa y puntual, se haga del trabajo de los servidores públicos encargados de esta tarea, así como también de poder dar cabida, a la conformación de los criterios y acciones que se integraran en la función de otorgar seguridad.

La sociedad civil organizada deberá de jugar un papel sumamente importante dentro de este nuevo esquema de función pública, no solo es el gobierno el que puede realizar esta función, pues en un orden de pesos y contrapesos se tendrá que actuar como el gran fiscalizador de dicha función, pues es a la misma sociedad a la que se le debe el poder de ser y estar en el ejercicio público, ya que dentro de un régimen democrático, es primordial que se busque siempre el bienestar de las mayorías.

Una razón de estado, es la creación de fuentes de empleo, que garanticen el desarrollo armónico y en paz del pueblo, este tema deberá de estar presente como premisa en materia de políticas de seguridad, ya que lo inmensamente lucrativo que resulta el negocio del crimen organizado, hace que se opte desde cualquier perspectiva hacia la realización de actos criminales, pues esta actividad revestida de una gran impunidad, es y ha demostrado ser el mecanismo, elegido por excelencia, de desarrollo dentro de la comunidad.

Es ardua la tarea que todos tenemos enfrente, pero solo de frente y con la mirada en fijo, hacia un objetivo bien definido, como lo es la realización plena de los anhelos de paz y progreso de la Nación mexicana, es como podremos lograr una avanzada a nuestra responsabilidad histórica, de poder tener y heredar una patria más justa y ordenada, para hoy y para nuestro mañana.

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