La idea del diputado Magaña, con la cual coinciden médicos legistas, es conformar un organismo científico, especializado y de carácter técnico y autónomo que ayude en la averiguación de crímenes a partir de la ciencia médica forense. Incluso plantean la sustentabilidad del Instituto. Encargado de SEMEFO opina que esa instancia debe quedar separada. El manejo de los cuerpos y la indagación pericial, a debate.
Un par de fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) tras la huella al Cártel Arellano Félix (CAF) llegaron a Tijuana y diariamente se trasladaban a San Diego, donde seguían de cerca a los líderes de esa organización criminal. De repente fueron encontrados muertos en un auto volcado en La Rumorosa.
La primera versión oficial fue la de un accidente, pero en el Servicio Médico Forense de Baja California detectaron que los cuerpos de los federales presentaban huellas de una salvaje tortura. Después de la ejecución, fueron lanzados al precipicio.
De ese resultado científico derivó la respuesta federal que llevó a la captura de algunos de los principales lugartenientes del CAF en Ensenada, como Ismael Higuera “El Mayel”, actualmente preso en una cárcel estadounidense.
Hace dos semanas, un cuerpo calcinado se localizó en una casa deshabitada de un fraccionamiento al sur de Mexicali. Estaba quemado y eso pareció bloquear la primera parte de la incipiente investigación, pero en la revisión del médico legista se descubrió que antes de quemarlo, el hombre fue estrangulado, lo que abrió la puerta al seguimiento del asesinato de quien resultó un reconocido académico.
Los anteriores son ejemplos de lo que significa la independencia del Servicio Médico Forense (SEMEFO), orgánicamente vinculado al Poder Judicial. Aun cuando ha habido intentos recientes por integrarlo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el acoso más reciente se dio en la última parte de Antonio Martínez Luna como procurador del estado.
Ahora ha surgido al interior del Congreso una propuesta para crear el Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, organismo independiente que busca profesionalizar e independizar el trabajo de investigación, optimizar las formas del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los procesos de certificación de peritos, y mejorar los procedimientos en el almacenamiento de cadáveres.
De acuerdo al diputado que encabeza la segunda Comisión de Reforma de Estado, Ricardo Magaña, el nuevo organismo no será subordinado ni del Poder Judicial ni de la Procuraduría, lo que garantiza imparcialidad y eficiencia en su desempeño.
“La medida encauzada a la profesionalización y mejoramiento de la importante área puede ser un gran avance, pero si se implementa como debe ser, con un Consejo y una Junta integrada por profesionales y vinculados a la sociedad civil”, expone el titular de la Sociedad de Ciencias Forenses, Jesús Alfredo Pérez Hernández.
Desde el SEMEFO, su director, Francisco Acuña Campa, dice estar de acuerdo en la creación del Instituto, siempre y cuando el nuevo organismo no integre al Servicio Médico Forense, ya que en base a su experiencia, esa instancia ha realizado un trabajo profesional e independiente.
Según el último informe anual del Poder Judicial, de octubre de 2009 a septiembre de 2010 el SEMEFO practicó 3 mil 070 autopsias en todo el estado, casi la mitad relacionadas con muertes violentas.
Profesionalizar
La propuesta para crear el Instituto de Ciencias Forenses va adelantada un 90 por ciento. En agosto se planea implementar una serie de foros, y podría estar lista a más tardar en octubre próximo, asegura el diputado panista por Tijuana, Ricardo Magaña Mosqueda, quien además expone: “Necesitamos fortalecer esa área, desmembrar esa actividad tanto de la Procuraduría como del Poder Judicial, que los peritos no estén supeditados a un poder, no se vale que el Poder Judicial les dé la licencia y sean juez y parte”.
El legislador y presidente de la Segunda Comisión para la Reforma de Estado refiere que se busca ser más transparentes y concentrar toda la materia pericial en el Instituto de Ciencias Forenses. La idea central es dar un paso adelante en la profesionalización de esas áreas y estar a la vanguardia con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“Buscamos evitar lo que está sucediendo, que se nos pelen los procesados por alguna técnica pericial en la que no están preparados, o en la que no reúnen los requisitos del Nuevo Sistema de Justicia”, asegura el diputado Magaña, y cita como ejemplos a seguir el del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, o el de la PGR.
De acuerdo al legislador panista, el Instituto absorbería las áreas del Servicio Médico Forense -actualmente parte del Poder Judicial- y Servicios Periciales, vinculado a la Procuraduría estatal.
“El forense debe estar no sometido, pero adherido a este Instituto”, considera el promotor del proyecto de iniciativa que ya ha platicado con médicos legistas, a quienes propuso algunas actividades para generar recursos propios, como por ejemplo, el embalsamamiento de cadáveres.
Magaña recalca que se trata de crear un instituto autónomo en ejercicio y en decisiones, no crear una paraestatal más, ya que de nada serviría porque inmediatamente se politizaría y de esa manera se contamina la esencia de la justicia, pues se selecciona sin ver que se tenga la capacidad y el profesionalismo.
El legislador explica que la propuesta incluye un esquema de asignación de seis ciudadanos de renombre, con trayectoria profesional y experiencia, sometidos a una mesa técnica.
“Hay varios esquemas para que no puedan establecer o viciar la voluntad de un dictamen. Todos los peritos que vayan a rendir una pericial a los juzgados, tendrán que estar validados por este Instituto”.
En cuanto a los tiempos, refiere el avance y que esperan consensuar la propuesta con el Poder Ejecutivo, sobre todo en el aspecto jurídico, además de implementar una serie de foros durante el mes de agosto; posiblemente en octubre estaría discutiéndose.
“Tiene que ser en este año, es mi compromiso con los organismos de esta materia”, dice el legislador tijuanense, quien estima el presupuesto de arranque en 120 millones de pesos, recurso que considera factible de lograr.
SEMEFO aparte: Acuña
Desde 2003 se han presentado varias iniciativas relativas a la creación de organismos relacionados con las llamadas ciencias forenses, aunque con diferentes nombres. Uno de éstos fue el Instituto de Medicina Legal, otro el Instituto de Ciencias Periciales, y este último, el Instituto de Ciencias Forenses.
“Desde el punto de vista técnico, podría ser una condición ideal para el funcionamiento de cualquier área ligada a las ciencias forenses. Yo lo que recomendaría es que no necesariamente bajo ese perfil tiene que estar inmerso el Servicio Médico Forense”, expone el doctor Francisco Acuña, actual titular del SEMEFO.
Esto en función que las ciencias forenses pueden abarcar gran cantidad de especialidades, desde arquitectura, ingeniería, balística o grafoscopía.
“Por las condiciones que tenemos hoy en día y todo el apoyo que hemos recibido, y por las necesidades que tiene el estado en materia médico-legal, consideramos que nosotros podríamos seguir siendo independientes”, asegura el especialista.
Desde el 30 de enero de 1954, cuando se creó el Poder Judicial, el Servicio Médico Forense ha sido parte de esa autoridad. Acuña Campa explica que hay seis estados del país donde el SEMEFO no es parte de la Procuraduría, entre éstos Puebla, San Luis Potosí, Distrito Federal y Baja California. En entidades federativas como Oaxaca, donde pertenece a la Secretaría General de Gobierno y, en el caso de Guerrero, a la Secretaría de Salubridad. En el resto de 26 estados, el servicio forense depende de la Procuraduría estatal.
En 2004 surgió el intento desde el Gobierno del Estado -entonces encabezado por Eugenio Elorduy- para que el forense se integrase a la esfera de la Procuraduría. Incluso en el Congreso del Estado se elaboró una propuesta de reforma en ese sentido a la ley orgánica del Poder Judicial y de la Procuraduría.
Acuña Campa recuerda que no fueron invitados al cabildeo sobre el tema, pero por “accidente técnico” tuvo que acudir ante los entonces legisladores para revisar datos relativos con una persona desaparecida en otro estado y presuntamente fallecida en Mexicali. Afirma que en esa coyuntura, expuso ante los legisladores su opinión acerca de las ventajas que significaba que el forense siguiera como integrante del Poder Judicial.
“Les hice ver que estaríamos interactuando como juez y parte”, argumenta bajo el precepto de que actualmente no son ni parte de la defensa, ni parte de la autoridad investigadora.
“Nosotros somos peritos de los jueces, somos la parte neutra”, comenta Acuña Campa, y recalca que a ellos les toca realizar un trabajo de carácter técnico, que incluso va implícito que el servicio puede ser solicitado por otras autoridades, como el Ministerio Público militar.
“Desde el punto de vista jurídico existe una alternancia en materia de investigación, porque nosotros somos parte de, pero como consecuencia de que nosotros hacemos el trabajo, contribuimos, pero no estamos integrados a ellos”.
Acuña Campa evoca lo sucedido en 2001, cuando a raíz de un desperfecto en el refrigerador del SEMEFO en Tijuana, el entonces gobernador sustituto de Baja California, Alejandro González Alcocer, inquirió al presidente del Poder Judicial sobre lo que estaba sucediendo con los cuerpos y su entorno de malos olores y putrefacción.
“Siempre se perdió la mecánica de quien era el responsable de los cadáveres que estaban en los refrigeradores”, revela Acuña en función de que los cadáveres que no son reclamados, forman parte de una investigación y no pueden ser destinados a la fosa común.
“Nosotros los tenemos en resguardo”, aclara el médico legista., aunque el responsable es la Procuraduría, instancia que decide en qué momento los cuerpos deben enviarse a la fosa común. La discusión también tenía que ver con que, presupuestalmente, a quién correspondía el gasto en los
“Esa discusión no debería de haber sido así, sentimos que las autoridades ya no quieren nada con los cuerpos, con los cadáveres, con las personas desconocidas”, indica Acuña, aunque además opina que jurídicamente la responsabilidad de los cuerpos era de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría.
En ese inter se suscitaron una serie de reuniones entre miembros de la Procuraduría y del Servicio Médico Forense, aunque a lo más que se llegó a través de un convenio de comodato, fue que el SEMEFO sería responsable no sólo de los servicios, sino también de los edificios y las instalaciones.
Acuña comparte que el contrato fue modificado unilateralmente desde la esfera estatal, de manera que el forense quedaba como “beneficiario”. Es decir, el DIF quedaba como comodante y la Procuraduría, como comodatario.
Eso significó que la Procuraduría virtualmente “tomó” las instalaciones de SEMEFO en todo el estado.
“En el caso de Tijuana tuvimos que salirnos por problemas graves con el personal de la Procuraduría, porque quería que entráramos identificados, con credencial”. En algunas sedes, la Procuraduría hasta instaló videocámaras y retacó de su personal. En el caso de Mexicali llegaron a tener ocho empleados de la Procuraduría que literalmente se hacían bolas en la pequeña recepción, mientras que en Tijuana llegaron a tener hasta 20, exactamente en las mismas condiciones.
La tensa situación se resolvió apenas hace dos años y medio –ya en esta administración-, cuando desde la Procuraduría se decidió dejar las instalaciones del forense.
Ahora surge la nueva propuesta desde el Congreso, y tiene que ver con la creación del Instituto de Ciencias Forenses, a lo que el doctor Acuña insiste en las posibles bondades de esa instancia propuesta, pero considera que “no necesariamente el SEMEFO tiene que estar inmerso en el Instituto de Ciencias Forenses”.
Asimismo, resalta las condiciones en las que ahora trabajan, con edificio e infraestructura remozados, en buenas condiciones, por lo que estima que no tiene caso un cambio de estatus.
“Como la medicina legal es parte de las ciencias forenses, y viendo las condiciones en las que se está funcionando hoy en día, no pasa nada con el Instituto si nosotros no estamos dentro de él, si quedamos fuera”.
En el caso de Servicios Periciales de la Procuraduría, es más viable y natural que se integre al Instituto.
“Pienso que el Instituto de Ciencias Forenses daría un paso importante en cuanto a la actualización, a la independencia, en cuanto a la autonomía que debería tener en lo jurídico, en lo económico, pero sin que el SEMEFO fuera parte del Instituto, porque no necesariamente tiene que ser parte”, reitera el médico legista.
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