Profesionalizar investigación forense

Parte 2.- Publicado por Sergio Haro, Semanario Zeta, 1 de Agosto 2001

Especializado e independiente

El proyecto de crear el Instituto de Ciencias Forenses en Baja California viene formulándose desde el Gobierno Estatal que encabezó Héctor Terán Terán (1995-1998), según comenta el director de la Sociedad de Ciencias Forenses en Tijuana, Jesús Alfredo Pérez Hernández, quien además menciona las ventajas de ese organismo, entre éstas el acceso a la prueba pericial, la profesionalización de los peritos y la transparencia.

Tras la muerte de Terán en 1998, el tema volvió a trascender públicamente en administraciones posteriores, como la encabezada por Eugenio Elorduy Walther.

Para un grupo de especialistas en Tijuana, el tema fue reabierto pero no se escuchaban planteamientos de especialistas u organismos de la sociedad civil. En 2008, el doctor Hiram Muñoz, médico legista especializado, presentó la propuesta de crear el Instituto de Ciencias Forenses. En el Congreso el tema lo auspiciaba el entonces legislador Juan Manuel Molina.

“Lo que queríamos era analizar la propuesta desde la perspectiva técnica”, expresa el también director de la especialidad en Criminología del Centro de Estudios Superiores de la Frontera en Tijuana. Luego trascendió que el actual legislador, Ricardo Magaña, también traía la propuesta y la estaba cabildeando, por lo que se reunió con miembros de la Sociedad de Ciencias Forenses.

“El proyecto en sí, en su esencia es muy bueno, pero sentimos que se tienen que establecer algunos candados para que quienes integran este Instituto no sólo tengan una solvencia moral, sino que también sean reconocidos y avalados por grupos de la sociedad civil”, refiere el especialista, que a la vez recuerda el comentario hacia el diputado sobre la preocupación del gremio en cuanto a la conformación e independencia del Instituto:

“Debe ser un órgano especializado e independiente desde el punto de vista técnico para que se pueda poner en igualdad de circunstancias el acceso a la prueba pericial. Se trata de una situación de carácter científico, ajena a la política y ajena también a la injerencia que tendría el agente del Ministerio Público”.

De igual forma, considera que de lograrse esta iniciativa, se empalma -y así lo sugirieron- con las reformas al Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que se resalta la importancia de la figura del perito.

“Desde el punto de vista técnico adquiere mucha trascendencia la cadena de custodia, que es el manejo de la evidencia desde que es embalada, recolectada y trasladada a los laboratorios. Si por alguna razón se rompe ese eslabón, durante el juicio será una situación que va a perder el carácter de científico a dicha prueba”, refiere Pérez Hernández.

Y asegura que se debe buscar el fortalecimiento de la investigación: “Me parece que estamos centrados en la parte de carácter jurídico, en la parte normativa, y los asuntos seguirán cayendo porque no se ha fortalecido en la parte de la capacitación, la parte de la profesionalización de los peritos”.

Entre las desventajas menciona que no queden establecidos de manera adecuada los procesos de selección, y establece que el Instituto debe quedar regido por una Junta de Gobierno para garantizar transparencia y no se convierta en un aspecto de carácter político.

Por otro lado, en las ventajas de la creación del Instituto menciona el acceso a la prueba pericial y el quitar el monopolio de ésta al Ministerio Público, coincidente con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que busca garantizar una mayor transparencia y el fortalecimiento de la investigación científica.

Por último, el especialista dice estar de acuerdo en que tanto Servicios Periciales como el SEMEFO queden integrados en el nuevo Instituto, proyectado para que, ahora sí, se integren en un organismo plenamente descentralizado y cien por ciento de carácter científico.