Para
el Presidente de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California y Director
del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación
Ciudadana en la entidad, Jesús Alfredo Pérez, la iniciativa que plantean los
senadores Mariana Gómez del Campo, Angélica de la Peña y Omar Fayad contribuye
a contener la problemática a través de la sanción económica a maestros y padres
de familia que sean omisos en casos de violencia escolar con sus hijos o
alumnos, mas no atiende del todo la causa que origina el problema.
El
representante de ambos organismos de la sociedad civil reconoció la voluntad de
los senadores de todas las bancadas políticas al presentar ante la Comisión
Permanente una iniciativa de reformas en materia de combate al bullying, que
incluye la expedición de la Ley General para la Prevención y Atención de la
Violencia Escolar, sin embargo aclaró, que la medida solo permite sancionar y
contener la problemática.
Aclaró
que la iniciativa presentada por los
senadores es positiva pero se requiere de mayor participación de los actores
estratégicos para prevenir las causas y no los efectos de la violencia escolar.
Lamento
que funcionarios de la región hayan declarado que el Bullying es una conducta
permisible y aceptable que por generaciones viene acompañando a los
estudiantes.
“Una
afirmación de esa naturaleza nos obliga a reflexionar sobre la gran confusión
con los términos considerados como Bullying. Es inaceptable la violencia
derivada de conflictos entre iguales por el sentido de pertenencia de una
escuela o por el grupo donde estudian, como también lo es el bullying que en
los últimos años ha llevado a la muerte a sus víctimas”
Las sanciones
económicas hasta por cinco mil salarios mínimos, es decir 350 mil pesos de
multa, a maestros y padres de familia que sean omisos en casos de violencia
escolar con sus hijos o alumnos, al margen de las responsabilidades civiles o
penales que correspondan y la inhabilitación hasta por cinco años del cargo a
maestros y directivos de planteles escolares que solapen o no actúen a tiempo
en contra del llamado bullying es una medida que contribuye al mejoramiento del
entorno escolar, sin embargo, las causas están en la familia, afirmó.
Sin
importar que la institución educativa sea pública o privada, prevenir y
prohibir es una acción estratégica pero debe acompañarse
con acciones integrales, afirmó el Presidente de la Sociedad de Ciencias
Forenses en Baja California, Alfredo Pérez.
Los
niños agresores, deben ser canalizados para su atención psicológica junto con
los integrantes de su entorno familiar para recibir terapia integral, a fin de
eliminar conductas violentas en su ámbito familiar y escolar, según los
estudios que plantean los especialistas y que coincide en uno de los rubros de
la iniciativa además de incluir la reparación del daño para las víctimas de
este fenómeno, concluyó.
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