Tijuana, B. C.- Recientemente la
Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, en coordinación con el
Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación
Ciudadana llevaron a cabo el primer ciclo
de conferencias sobre la Investigación Criminal frente al Nuevo Sistema de Justicia
Penal, el cual entrará en vigor en toda la República Mexicana a mediados del
mes de Junio.
Las conferencias abordaron
temáticas sobre el fenómeno de la victimización un proceso complejo que depende
de distintos factores involucrados, se destacó la importancia de la investigación
victimológica integrando todos los datos que permitan explicar las motivaciones
del agresor y la importancia de la participación social para una readaptación
social de la víctima.
Por otro lado se señaló la legítima
defensa por parte del Estado en justificación de establecer límites y controles que garanticen el respeto a derechos
fundamentales. Lo que se debe tener claro es que la ciencia estará presente en
las salas de audiencia, de modo que abogados y/o peritos no pueden quedar
ajenos a las discusiones, y es parte del
trabajo su preparación para cuestionar a los especialistas con el fin de
acercarse a testimonios científicos sólidamente construidos y en esa virtud creíbles
para el juzgador.
Resaltaron la importancia de la
cadena de custodia ese documento de control y de registro que se aplica a todos
los indicios de un hecho delictuoso, desde su localización, descubrimiento,
actores que interactuaron con ello, hasta que la autoridad competente ordene su
conclusión.
Así mismo se mencionó sobre la
labor periodística dentro de los procesos penales con el nuevo modelo de
justicia, donde estos podrán acceder al
lugar de la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano
jurisdiccional.
Con esto se muestra que nuestras
corporaciones policiales tienen un reto, ya que ellos son el primer eslabón en
la realización del procedimiento para lograr justicia efectiva y nos dicta el
deber de instruirse y capacitarse para estar preparados para la implementación
del sistema penal, dándole las herramientas que faciliten su labor, la
preparación y profesionalización adecuada que garanticen que los policías
actúen dentro de legalidad y del marco constitucional para tener un desempeño
satisfactorio brindando un adecuado servicio público.
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