La preparación y profesionalización garantizan que los policías actúen dentro del marco de legalidad constitucional, brindando un adecuado servicio público.

Tijuana, B.C.- la tercera conferencia “La evidencia física y su cadena de custodia en el nuevo sistema de justicia penal”, estuvo a cargo de Lic. Leopoldo Valdivia Pérez quien argumentó que el proceso acusatorio adversarial representa un reto para la justicia Mexicana.

Menciona que para entrar totalmente a operar se tienen que hacer varias adecuaciones a nuestro actual sistema, crear salas de juicios orales, capacitar al personal, los ministerios públicos, policías, peritos, defensores jurídicos y a la ciudadanía en general.

Para entendimiento de la cadena de custodia, debemos entender que el término de evidencia refiere a todo material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso, en este caso quien decide si tiene o no relación es el perito y el ministerio público.

La cadena de custodia es un documento de control y de registro que se aplica al indicio u objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso, desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

Con el fin de demostrar autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia, así como los cambios de cada custodia que se hayan realizado, el nombre de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

Con esto nos muestra el nuevo sistema de justicia penal que nuestras corporaciones policiales tienen un reto, ya que ellos son el primer eslabón en la realización del procedimiento para lograr justicia efectiva y nos dicta el deber de instruirse y capacitarse para estar preparados para la implementación del sistema penal, dándole las herramientas que faciliten su labor, la preparación y profesionalización adecuada que garanticen que los policías actúen dentro de legalidad y del marco constitucional para tener un desempeño satisfactorio brindando un adecuado servicio público.